Después de más de una década de restricciones y control, el Ejecutivo retirará los certificados de abastecimiento y se eliminarán los controles de precio a los granos. Los soyeros esperan recuperar más $us 1.000 millones en ventas externas
Luego de un álgido debate, por fin hubo humo blanco para liberar las exportaciones de productos no tradicionales. Ayer, el Gobierno acordó con los empresarios eliminar los certificados de abastecimiento para las exportaciones de granos, en especial soya y sus derivados. Con esta medida se quitan la franja de precios que está vigente desde 2010. Así se logran dos hitos importantes: la desburocratización y la liberación plena del comercio exterior boliviano.
El Gobierno boliviano restringió la venta al exterior de productos no tradicionales desde 2008. Los nuevos acuerdos serán avalados mediante un decreto supremo, que será presentado al Poder Ejecutivo del que hay un borrador.
Se espera que la norma sea promulgada en un plazo no mayor de 20 días. Pero no todo es color de rosa, una facción del sector avícola rechazó el acuerdo.
De la tensión a la calma
Llegar a este acuerdo no fue fácil. Los diferentes actores de la cadena agroproductiva a escala nacional y los ministros Wilfredo Rojo (Desarrollo Productivo) y Mauricio Ordóñez (Desarrollo Rural y Tierras) se reunieron ayer en las instalaciones de la Cadex. Inicialmente hubo posturas encontradas entre todos los actores, que si bien estaban de acuerdo con liberar las exportaciones tropezaban en los modos.
Ante la tensión, Rojo advirtió que si no había consenso para elaborar el decreto, desde el Poder Ejecutivo haría uno. Pero luego de las fricciones iniciales, la mayoría acordó allanar el camino para poder destrabar las exportaciones.
“La tensión es parte del proceso de negociación. Pero se están eliminando los obstáculos. Se acordó excluir los certificados de abastecimiento y la franja de precios”, señaló Rojo, luego de que se diera el acuerdo.
En esa línea, Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que los certificados fueron usados como “un instrumento para coartar la exportación”. Con la medida, según Pantoja, “se genera competitividad entre los actores” y el mercado se regulará con la libre oferta y demanda.
Precisó que los más beneficiados serán los pequeños y medianos productores.
Guillermo Ribera, titular de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), destacó la alianza estratégica acordada por el Gobierno y el compromiso de desburocratizar el comercio exterior y desregular el mercado interno.
Explicó que en la reunión se consiguió el compromiso del ministro del área de producción para permitir, en lo posterior, importar grano de soya para cubrir el déficit actual que ronda los dos millones de toneladas. Este factor, según Ribera, condiciona a los complejos graneleros a operar a un 55% de su capacidad de molienda.
De acuerdo a las estadísticas de la Caniob más de 10 industrias oleaginosas operan en el país y generan ingresos anuales por la exportación de $us 900 millones.
En el ámbito productivo, a juicio del gerente general de Anapo, Jaime Hernández, la medida significa recuperar escenarios de certidumbre para transparentar la formación de precios correctos para los productores.
De acuerdo a las cifras de Anapo el excedente exportable ronda las dos millones de toneladas.
“Lo más importante es que se generan condiciones para incentivar las inversiones para producir más a mediano plazo”, apuntó Hernández.
El sector soyero calcula que espera recuperar los $us 1.000 millones en exportaciones a partir de la liberación.
Por su parte, Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), espera que la liberación beneficie a los agricultores porque las normas establecidas en el anterior Gobierno restringían la venta de grano.
“El acuerdo es para que deroguen las restricciones y obtengamos un mejor precio para nuestros granos”, dijo.
Fricciones
Solo un sector no está de acuerdo con los acuerdos logrados. Se trata de la Federación Nacional de Avicultores. Su vicepresidente Winstón Ortiz, dijo que apoya la liberación de las exportaciones, pero manteniendo los certificados de abastecimiento que, según él, son una especie de garantía para que los avicultores puedan adquirir insumos a un precio justo.
“Hay que liberar las exportaciones, pero no podemos permitir que los pequeños productores tengan costos elevados”, dijo.
Ortiz hizo notar que su sector representa a un 40% de la producción de pollo a escala nacional, lo que significa una producción de hasta 7 millones de aves. Además, dijo que su sector tendrá un ampliado nacional en donde se determinarán las acciones a seguir.
Pero el ministro Rojo, dijo que esta facción no representa ni el 2% de la comercialización de la torta de soya.
Ordóñez también criticó la postura de Ortiz, al que acusó de pensar solo en intereses sectoriales y no tener una visión de país.
Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) aclaró que su sector jamás estuvo en desacuerdo con la exportación.
Respecto a la cita con los ministros, Alandia denotó que el Gobierno se comprometió a asegurar el abastecimiento de harina de soya a un precio correcto en las industrias. Se estima que el sector requiere 650.000 toneladas de harina de soya, por año.
El sector avícola cruceño representa, según ADA, cerca del 80% de la producción a escala nacional.
Acordaron mantener el precio de la banda vigente hasta el 31 de este mes, mientras se elabora el reglamento que definirá un mecanismo de definición de precio en base al valor de exportación más IVA. “Se acordó eliminar los cupos en la venta de este producto y que la compra se haga en la industria que el productor defina”, acotó.
Desde el Gobierno indicaron que la medida favorecerá a corto plazo a la producción de granos como la soya, el sorgo, maíz y otros productos que eran restringidos. Los productores esperan que el decreto sea promulgado en los primeros días de cosecha de la campaña de verano.
